– ¿Ustedes tienen la lista? Nosotros venimos de Alto Huancané –dice Santusa Ñoñoncca a la joven mujer del Sistema Integral de Salud (SIS), que la mira con el rabillo del ojo y le responde: "Venga mañana, ahora no hay atención".

Son las 2 de la tarde del 19 de octubre de 2015. Santusa no está sola. Ha llegado al hospital de Espinar, en Cusco, con un grupo de pobladores para reclamar atención médica. Ellos forman parte de los 180 pobladores de las comunidades de Alto Huancané y Huisa expuestos a metales pesados, según un estudio de 2013 que elaboró el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) por encargo de la mesa de diálogo que instaló el gobierno ante el conflicto social desatado por las protestas contra la ex minera Xstrata Tintaya, hoy administrada por Glencore.

Los comuneros que llegaron al hospital viven entre 100 y 300 metros de los depósitos de desechos mineros. Tienen en sus cuerpos plomo, arsénico, mercurio y cadmio, considerados altamente cancerígenos, entre otros 13 minerales. En varios casos, la exposición a elementos tóxicos de estos pobladores supera los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, como comprobó Convoca.pe en la primera parte de esta investigación. Lo que Santusa reclamaba esa tarde de octubre era la lista de los pobladores que debían ser atendidos como parte del Plan de Acción de Salud para Espinar que el Ministerio de Salud aprobó en marzo de de 2015 mediante la resolución ministerial 205–2015/MINSA.

Convoca.pe y el diario La República acompañaron a Santusa y otros pobladores al hospital de Espinar para verificar el nivel de cumplimiento del plan y lo que este equipo encontró es que las 180 personas afectadas no han recibido atención especializada ni tratamiento por exposición a metales pesados a pesar que en diciembre vencía el plazo.

Santusa ni los otros comuneros fueron atendidos esa tarde del 19 de octubre en el hospital de Espinar, adonde un equipo de médicos de Lima había llegado para una campaña de salud. La atención se concentró en la población de la ciudad no obstante que el plan debe focalizarse en "atenciones integrales especializadas de las ocho comunidades asentadas en las zonas de influencia de las actividades mineras de la empresa Xstrata Tintaya".

En las semanas siguientes tampoco se dio atención especializada a 71 personas de las 180, que son consideradas como “población expuesta crónicamente a metales pesados” y que debían ser atendidas máximo hasta fines de mayo. La atención de los otros 109 y el tratamiento médico de los afectados debía concluir este mes. Sin embargo, se suspendió la atención del primer grupo programada para el 15 de diciembre de 2015, tal como confirmó el director del hospital de Espinar, Lolo Santillán. "No tenemos nueva fecha", aseguró Juan Magaño, presidente de la comunidad de Huisa.

Para ser atendidos gratuitamente, el hospital de Espinar les exige a los pobladores afectados estar afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS) y presentar un documento que acredite la transferencia de atención de un médico de la posta de salud más cercana a sus comunidades. De lo contrario, ellos deben pagar por la consulta médica. Esto sucedió en 2015 con Melchora Surco Rimachi, presidenta de la Asociación para la Defensa de Pacpacco afectada por la Minería (ADEPAMI), quien tuvo que pagar su atención médica, la de su nieto Yedamel en ese entonces de diez años y la de su madre, Toribia Rimachi Ayma, de 83 años, como aparecen en los comprobantes de pago con fecha 23 de octubre de 2015. Los tres tienen 17 metales pesados en su organismo.

Yedamel se excede en seis de once metales, según los resultados oficiales a los que accedió Convoca.pe, mientras que Melchora y Toribia en cinco. En molibdeno, el nivel de exposición del pequeño llega a más de 3 mil 500 por ciento si se toma en cuenta los parámetros que usó CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos, adonde Censopas envió las muestras de orina de los pobladores evaluados en 2013. En el caso de Melchora y Toribia, los límites de molibdeno también son largamente superados. La casa que tienen en Alto Huancané queda a menos de 200 metros de la relavera Camaccmayo de Xstrata Tintaya.

El 23 de octubre de 2015, Melchora entregó al director del hospital de Espinar la lista de los pobladores afectados de su comunidad. Algunos fueron atendidos gratuitamente solo después de cumplir con los requisitos, pero aseguran no haber recibido atención especializada hasta hoy. La mayoría de los que no tienen SIS, desistieron por falta de recursos económicos y ante la duda de recibir un tratamiento eficaz. Los que estén registrados en el Sistema Integral de Salud y a su vez tengan negocios como hotelería o abarrotería, temen ser separados del SIS ya que no serían considerados pobres ni pobres extremos y estarían obligados a pagar por la atención médica. Melchora hizo los primeros pagos para ser atendida junto a su familia, pero cuando le sacaron la cuenta total, no quiso seguir adelante pese al miedo. Después de la muerte de Margarita Ccahuana de Alto Huancané en agosto de 2015, por intoxicación crónica de cadmio y arsénico, el temor de los pobladores ha crecido. En Huisa, denuncian por lo menos dos casos similares. Recién luego de tres añosnoviembre de 2015 Melchora pertenece al Sistema Integral de Salud.

"¿Cuánto tiempo vamos a estar así?", pregunta Melchora. El viceministro de salud pública, Percy Minaya León, reconoció a Convoca.pe en noviembre de 2015 que las más de 13 mil atenciones en Espinar a las que hizo referencia en medios en respuesta a la primera parte de esta investigación, no incluye necesariamente a los 180 pobladores del plan. Explicó que una de las razones es que los pobladores tienen "la percepción de que el examen que nosotros proveemos no tiene un 'remedio' para el problema", aseguró luego de aclarar que no conocía que se les exigía estar afiliados al SIS. "Hay un problema en la articulación entre las actividades regionales con las nacionales", admitió. Minaya prometió "tomar cartas en el asunto" para que se atienda a los primeros 71 casos crónicos.

Durante el gobierno de Ollanta Humala no hubo cambios significativos para los pobladores afectados por la exposición a metales pesados. Recién un año después de asumir la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, en 2017 se desarrolló el Primer Encuentro Nacional de Afectados en el despacho del entonces ministro de Salud, Fernando D’Alessio. Asistieron Melchora Surco por Cusco, Genaro Aguilar por San Mateo, Yolanda Zurita por Junín, Galo Vasquez por Cuninico, Ismael Julon por Cajamarca, Joel Nieto por Pasco, Félix Suasaca por Puno, Fidel Sandi y Norberto Wamputsag por Chiriaco. Ellos fueron elegidos para conformar el comité impulsor de la plataforma nacional de afectados por metales tóxicos. En la Oficina General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Salud informaron a Convoca.pe que la reunión con la plataforma nacional de afectados por metales tóxicos programada inicialmente para el primero de marzo en Lima se postergó por un cruce de fechas con el encuentro de los gobernadores regionales con el Poder Ejecutivo y luego por una descoordinación que impidió que algunos afectados lleguen a tiempo a la capital. Hasta el 8 de marzo no se había logrado fijar la nueva fecha de la reunión.

El primer paso para el tratamiento de poblaciones expuestas a metales pesados es la identificación de la fuente de la contaminación, aseguraron el toxicólogo Raúl Loayza de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte. Es lo mismo que dicen las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de intoxicación por arsénico y plomo del Ministerio de Salud.

"La exposición acumulada puede haber producido efectos que van a ser irreversibles (...) Lo que queda es el tratamiento de las personas", explicó Ugarte, quien fue ministro cuando se realizó el primer estudio de Censopas de 2010.

Foto: Andina.

"La exposición acumulada puede haber producido efectos que van a ser irreversibles (...) Lo que queda es el tratamiento de las personas".
Óscar Ugarte, ministro de Salud cuando se realizó el estudio de Censopas de 2010.

La mesa de diálogo que se instaló en julio de 2013 fue la respuesta política a este problema médico, pero el ex ministro de salud, Alberto Tejada, consideró que "el tema de la salud no fue el más importante en la mesa de negociación. Casi todo se vio con la agenda ambiental". Pero incluso en el "Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo" que elaboró la mesa de diálogo tampoco se determinó de manera concluyente cuáles eran las fuentes de la contaminación a pesar que participaron las diversas instituciones técnicas que debían tener voz en el problema: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas y Agricultura.

Esta ausencia ha permitido que la compañía minera Antapaccay, que asumió las operaciones de Xstrata Tintaya en mayo de 2013, sostenga que "no tiene responsabilidad sobre la contaminación de Espinar" (Ver recuadro). Lo cierto es que las microcuencas de la quebrada de Camaccmayo y la del río Tintaya, que desembocan en el río Salado (fuente de agua del ganado de los comuneros), "nacen dentro de la propiedad de Tintaya", advierte el informe final de balance hídrico, de enero de 2014, de la Autoridad Nacional del Agua.

El informe final de la mesa de diálogo menciona que el 10 y 11 de enero de 2013 se realizó una supervisión especial a las operaciones de Tintaya y se observaron "filtraciones de la presa de relaves de Camaccmayo en el suelo natural". Por esta infracción, OEFA le inició un proceso sancionador a la compañía. También se "encontraron concentraciones de metales en sedimentos que fueron mayores a los valores establecidos" en el Estándar Intermedio de Calidad de Sedimentos de Canadá en tres quebradas, entre las que aparece Tintaya, con concentración de arsénico, cadmio y plomo.

La denuncia de la muerte del ganado de las comunidades tampoco ha sido atendida debidamente en la mesa de diálogo. En el informe final de monitoreo sanitario ambiental se consideró un análisis del Servicio Nacional de Sanidad Agraria a partir de 27 muestras de nueve animales muertos que concluyó que el ganado tenía niveles por debajo de "las dosis letales mínimas" de plomo y cadmio, pero a la vez el mismo estudio asegura que el número analizado no constituye "un estudio representativo del área evaluada".

Las filtraciones en el sector Paccpaco de la comunidad de Alto Huancané afectan al ganado. Foto: Miguel Mejía – La República.

Recién el 30 de julio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó que se contrate al Instituto Peruano de Energía Nuclear para determinar de dónde viene la contaminación.

Las postergaciones para Espinar se han dado al mismo tiempo de casos de conflictos de interés. El más saltante es el de Elvis Medina Peralta, quien fue Superintendente de Medio Ambiente en Tintaya, entre mayo de 2006 y abril de 2013 (en un periodo que comprende al de la mesa de diálogo), y que en marzo de 2015 fue nombrado Director General de Asuntos Ambientales del Minem, instancia que aprobó los estudios ambientales de la compañía.

No es el único. Entre 2002 y 2006, Carlos Loret de Mola fue director de la institución antecesora del Minam, el Consejo Nacional del Ambiente, y a la vez director de la Fundación Tintaya. Como titular de la Fundación, el 16 de agosto de 2012 firmó una de las actas de la mesa de diálogo de Espinar. Pero él aseguró a Convoca.pe que ejerció sus funciones para la empresa ad honorem. Al dejar su cargo, volvió a ser contratado por el Estado como responsable del Frente Público para la Conferencia Mundial de Cambio Climático (COP20) que se realizó hace un año en Lima.

"Espinar es un caso representativo de violaciones de derechos de los que las autoridades no se hacen cargo pese a las evidencias y los conflictos de interés", aseguró el abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal, que junto a CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras, presentaron una demanda de cumplimiento para que el Estado priorice la salud de la población.

Las autoridades de justicia conocen a fondo lo que sucede. La ex fiscal provincial penal de Espinar, Andronika Zans Rivera, pidió al Ministerio Público en marzo de 2014, bidones de agua natural para su personal porque las aguas de Espinar "están contaminadas por las diferentes mineras que se explotan", decía su oficio. Después de cinco años de conocerse las primeras evidencias médicas, los pobladores afectados siguen en lista de espera por el mismo reclamo.

*Actualización realizada con la colaboración de Piero Alonso Angulo.

Pobladores de comunidades de Espinar relatan cómo se sienten afectados por exposición a metales pesados. También se incluye reunión de representantes de comuneros con el director del hospital de Espinar, quien les puso como condición para ser atendidos gratuitamente que estén afiliados al SIS y lleven una constancia del médico de su localidad.(Dar clic en cada foto para ver vídeo).

La foto de portada de este especial es de Miguel Mejía Castro, fotoreportero y editor gráfico del diario La República, ganador de varios premios internacionales, entre ellos el primer lugar en el POY Latam en la categoría noticias y cuatro premios en el Humanity Photo Awards (China). Además, ha recibido el premio de Honor a la Excelencia Periodística en Fotografía de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).